sábado, 12 de enero de 2008
Socavones en la base de la nación.
Lorenzo Meyer (Diario Reforma; 22 Mar. 07)
Sin reconocer, admitir y discutir los pasajes obscuros de nuestra historia, las bases del Estado y la nación no tendrán la fuerza que debieran
El pecado de origen
Son muchos los oscuros socavones que hay en los cimientos del Estado y nación mexicanos. De varias maneras, y a lo largo de nuestra historia, en aras de grandes conceptos -tales como civilización, evangelización, rey, progreso o, finalmente, la construcción de la nación mexicana- o, incluso, del beneficio personal de individuos, grupos y clases se ha causado el sufrimiento o la expropiación de otros muchos. En ocasiones, ese abuso tocó los límites de lo inhumano: la explotación extrema o el exterminio.
Un ejemplo entre muchos posibles
Una visita rápida a Sonora y el toparse con el tema de los seris -que igual pudo ser el de los mayos, los yaquis, los guarijíos, los ópatas, los pimas o los pápagos- fácilmente puede llevar al observador a un cuestionamiento de la naturaleza original de algunas de las bases en que están hoy montadas las estructuras sociales y de poder de nuestro país -el Estado mexicano- y la idea misma de comunidad nacional.
Algunos de estos fundamentos son absolutamente legítimos y fueron muy bien resumidos por José María Morelos en Los sentimientos de la nación (1814). Pero otros, justamente los menos discutidos pero muy actuados, son francamente sombríos. Se trata de aquellos donde no hay elementos que puedan enorgullecernos y que justamente por eso deberíamos esforzarnos por discutirlos a fondo, como lo hicieron los norteamericanos bajo el liderazgo de Martin Luther King, o los sudafricanos encabezados por Nelson Mandela y el obispo Desmond Tutu, a fin de continuar la construcción de la nación mexicana de una manera más honesta y, también, más realista y efectiva.
Volviendo a Sonora y al caso del pueblo seri -la nación Comcáac como ahora se denominan los interesados-, su drama nada tiene de único en nuestra historia. Con variantes, el caso se encuentra repetido en otras regiones del país. Veámoslo pues como un ejemplo ilustrativo. De ser un pueblo nómada y bien integrado a su entorno natural en la costa sonorense del Golfo de California, los seris pasaron a ser definidos en el siglo XVII, por quienes buscaban su sumisión a la autoridad real, como gente de lengua "dificilísima" y además "sin pueblos, sin casas ni sementeras", es decir, sin valor o utilidad alguna para los representantes de los valores e intereses de los colonizadores. Los seris se resistieron a adoptar la vida sedentaria que entonces les quisieron imponer la Iglesia, la autoridad virreinal y los colonizadores y permanecieron ajenos a la "modernidad". Se les llegó a caracterizar entonces como "raza satánica" y se decidió que podían y debían ser exterminados.
La tradicional zona de desplazamiento de los seris en sus ciclos de trashumancia empezó a ser reclamada para la agricultura y la ganadería desde la época colonial, pero fue con el nacimiento de la República Mexicana, cuando la zona propiamente de residencia de estos indígenas fue reclamada por los invasores -por los mexicanos. Fue en el siglo XIX, en el nacional, cuando se acentuó la política de eliminación del indígena renuente a su "incorporación".
Los seris eran pocos, y habían desarrollado una forma de vida y todo un complejo cultural con base en la utilización de vastos espacios desérticos que ellos recorrían de manera periódica. Para ellos resultaba inaceptable tener que adaptarse a la vida sedentaria dentro de la economía capitalista. Desde la perspectiva de los mexicanos, este pueblo independiente fue visto como un "obstáculo" para el progreso y formación de la nación y no se consideró que pudieran tener un lugar en la patria grande.
Con la caída del Porfiriato y la implantación del régimen de la revolución -en particular durante el gobierno de Lázaro Cárdenas- la autoridad decidió dejar de combatir abierta y oficialmente al puñado de seris sobrevivientes y volvió a intentar integrarlos mediante el reconocimiento de parte de sus antiguos territorios como propiedad comunal -la isla Tiburón y parte de la costa de Sonora-, sedentarizándolos e integrándolos a las instituciones de la nación mayor: la mexicana.
Sin embargo, para entonces, eso que hoy ya es aceptado, aunque no oficialmente, como la nación Comcáac, parecía destinada a desaparecer, algo que antes ya había ocurrido con los guaymas y tepocas, entre otros grupos étnicos. Finalmente, con la propiedad comunal, ciertos servicios de salud y educación y, sobre todo, con un esfuerzo propio por adaptarse al hostil entorno nacional, la demografía seri revirtió su tendencia y hoy va en aumento: de haber quedado reducidos a un centenar en la actualidad son ya un millar. No obstante, en un país de 107 millones de habitantes, la moneda de la viabilidad seri como estructura cultural está en el aire, y así nos lo deja saber el libro de Diana Luque (una académica) y de Antonio Robles (una autoridad seri), Naturalezas, saberes y territorios Comcáac (seri), INE-Semarnat, 2006.
La terrible experiencia de los seris en los últimos siglos no es más que un capítulo de una historia mayor igualmente trágica y violenta y que es parte de los socavones en que están montadas las actuales estructuras económica, social, política y cultural de México.
La inequidad en el pago de la factura histórica
La nación y el Estado mexicanos son fenómenos relativamente recientes. En nuestro caso, un Estado más o menos efectivo data de fines del siglo XIX y una nación mexicana real es algo aún más reciente. Para llegar a su creación, y como ha sucedido en multitud de casos en la historia mundial, hubo de emplearse mucha fuerza, mucha dureza y cometerse numerosos actos de injusticia e incluso atrocidades con los pueblos originarios, primero, y con las clases populares y lo que quedaba de esos grupos étnicos, después.
La tragedia de los seris resulta compartida por buena parte de las otras etnias semi nómadas de lo que hoy es el sur de Estados Unidos y el norte mexicano. Tal fue el caso, en el noreste, de quienes formaban parte de la comanchería -un buen ejemplo son los lipanes- y, en el oeste, de los diversos grupos integrantes de la apachería -en especial los chiricahua de quien era dirigente Gerónimo, el último gran líder apache- y por cuyas cabelleras los gobiernos de los estados fronterizos del México independiente llegaron a ofrecer entre 150 y 200, según se tratase de indio vivo, muerto o si era mujer o menor de 14 años (véase al respecto a Carlos González y Ricardo León, Civilizar o exterminar, México, CIESAS, 2000).
Ni qué decir de las guerras contra los yaquis o de la violenta presión para que los rarámuris (tarahumaras) dejaran las planicies en Chihuahua, por ejemplo, ésas de donde hoy se encuentra Ciudad Cuauhtémoc, y se refugiaran en las difíciles montañas en que hoy sobreviven. En el otro extremo del país está la guerra de los mestizos yucatecos y del gobierno federal contra los mayas rebeldes o de los blancos contra los chamulas en Chiapas. Pero hay más socavones: el trabajo de 15 horas diarias en las fábricas textiles del Porfiriato, la persecución de los "vagos y malentretenidos" en los asentamientos urbanos o el despojo de ciertas tierras comunales de los pueblos en detrimento de los campesinos pobres comuneros en el siglo XIX.
El siglo XX revolucionario no está, ni de lejos, exento del mismo problema. La matanza de ciudadanos chinos en La Laguna, los centenares de cristeros fusilados o colgados en los 1920 y 1930, los campesinos explotados en nombre de la industrialización ineficiente y protegida a partir de los 1940, los sindicatos castrados a favor del presidencialismo y del capital. Y la otra cara de la moneda, la dureza contra los inconformes (los mineros de Nueva Rosita, por ejemplo), las expropiaciones de ejidos en beneficio de los especuladores urbanos, hasta desembocar en los grandes monopolios actuales en nombre de la necesidad de preservar a la gran empresa mexicana en el mundo de la globalización.
Colofón
Desde luego que México también está sentado en esfuerzos y sacrificios altruistas. Naturalmente que la nuestra no es la única estructura nacional donde parte de sus cimientos están amasados con una mezcla de insensibilidad ("crímenes son del tiempo, no de España") e inhumanidad -prácticamente todos los países tienen sus equivalentes-, pero el mal de muchos no debe ser un consuelo que impida reconocer las injusticias del cimiento histórico. Conocerlas y admitirlas es requisito para entender a cabalidad las divisiones y disputas actuales y, sobre todo, para proceder a rellenar el terreno minado con un reconocimiento abierto de los errores del pasado y con un cambio efectivo de políticas en el presente. Se dice fácil, pero aún estamos lejos de poder hacerlo.
Sin reconocer, admitir y discutir los pasajes obscuros de nuestra historia, las bases del Estado y la nación no tendrán la fuerza que debieran
El pecado de origen
Son muchos los oscuros socavones que hay en los cimientos del Estado y nación mexicanos. De varias maneras, y a lo largo de nuestra historia, en aras de grandes conceptos -tales como civilización, evangelización, rey, progreso o, finalmente, la construcción de la nación mexicana- o, incluso, del beneficio personal de individuos, grupos y clases se ha causado el sufrimiento o la expropiación de otros muchos. En ocasiones, ese abuso tocó los límites de lo inhumano: la explotación extrema o el exterminio.
Un ejemplo entre muchos posibles
Una visita rápida a Sonora y el toparse con el tema de los seris -que igual pudo ser el de los mayos, los yaquis, los guarijíos, los ópatas, los pimas o los pápagos- fácilmente puede llevar al observador a un cuestionamiento de la naturaleza original de algunas de las bases en que están hoy montadas las estructuras sociales y de poder de nuestro país -el Estado mexicano- y la idea misma de comunidad nacional.
Algunos de estos fundamentos son absolutamente legítimos y fueron muy bien resumidos por José María Morelos en Los sentimientos de la nación (1814). Pero otros, justamente los menos discutidos pero muy actuados, son francamente sombríos. Se trata de aquellos donde no hay elementos que puedan enorgullecernos y que justamente por eso deberíamos esforzarnos por discutirlos a fondo, como lo hicieron los norteamericanos bajo el liderazgo de Martin Luther King, o los sudafricanos encabezados por Nelson Mandela y el obispo Desmond Tutu, a fin de continuar la construcción de la nación mexicana de una manera más honesta y, también, más realista y efectiva.
Volviendo a Sonora y al caso del pueblo seri -la nación Comcáac como ahora se denominan los interesados-, su drama nada tiene de único en nuestra historia. Con variantes, el caso se encuentra repetido en otras regiones del país. Veámoslo pues como un ejemplo ilustrativo. De ser un pueblo nómada y bien integrado a su entorno natural en la costa sonorense del Golfo de California, los seris pasaron a ser definidos en el siglo XVII, por quienes buscaban su sumisión a la autoridad real, como gente de lengua "dificilísima" y además "sin pueblos, sin casas ni sementeras", es decir, sin valor o utilidad alguna para los representantes de los valores e intereses de los colonizadores. Los seris se resistieron a adoptar la vida sedentaria que entonces les quisieron imponer la Iglesia, la autoridad virreinal y los colonizadores y permanecieron ajenos a la "modernidad". Se les llegó a caracterizar entonces como "raza satánica" y se decidió que podían y debían ser exterminados.
La tradicional zona de desplazamiento de los seris en sus ciclos de trashumancia empezó a ser reclamada para la agricultura y la ganadería desde la época colonial, pero fue con el nacimiento de la República Mexicana, cuando la zona propiamente de residencia de estos indígenas fue reclamada por los invasores -por los mexicanos. Fue en el siglo XIX, en el nacional, cuando se acentuó la política de eliminación del indígena renuente a su "incorporación".
Los seris eran pocos, y habían desarrollado una forma de vida y todo un complejo cultural con base en la utilización de vastos espacios desérticos que ellos recorrían de manera periódica. Para ellos resultaba inaceptable tener que adaptarse a la vida sedentaria dentro de la economía capitalista. Desde la perspectiva de los mexicanos, este pueblo independiente fue visto como un "obstáculo" para el progreso y formación de la nación y no se consideró que pudieran tener un lugar en la patria grande.
Con la caída del Porfiriato y la implantación del régimen de la revolución -en particular durante el gobierno de Lázaro Cárdenas- la autoridad decidió dejar de combatir abierta y oficialmente al puñado de seris sobrevivientes y volvió a intentar integrarlos mediante el reconocimiento de parte de sus antiguos territorios como propiedad comunal -la isla Tiburón y parte de la costa de Sonora-, sedentarizándolos e integrándolos a las instituciones de la nación mayor: la mexicana.
Sin embargo, para entonces, eso que hoy ya es aceptado, aunque no oficialmente, como la nación Comcáac, parecía destinada a desaparecer, algo que antes ya había ocurrido con los guaymas y tepocas, entre otros grupos étnicos. Finalmente, con la propiedad comunal, ciertos servicios de salud y educación y, sobre todo, con un esfuerzo propio por adaptarse al hostil entorno nacional, la demografía seri revirtió su tendencia y hoy va en aumento: de haber quedado reducidos a un centenar en la actualidad son ya un millar. No obstante, en un país de 107 millones de habitantes, la moneda de la viabilidad seri como estructura cultural está en el aire, y así nos lo deja saber el libro de Diana Luque (una académica) y de Antonio Robles (una autoridad seri), Naturalezas, saberes y territorios Comcáac (seri), INE-Semarnat, 2006.
La terrible experiencia de los seris en los últimos siglos no es más que un capítulo de una historia mayor igualmente trágica y violenta y que es parte de los socavones en que están montadas las actuales estructuras económica, social, política y cultural de México.
La inequidad en el pago de la factura histórica
La nación y el Estado mexicanos son fenómenos relativamente recientes. En nuestro caso, un Estado más o menos efectivo data de fines del siglo XIX y una nación mexicana real es algo aún más reciente. Para llegar a su creación, y como ha sucedido en multitud de casos en la historia mundial, hubo de emplearse mucha fuerza, mucha dureza y cometerse numerosos actos de injusticia e incluso atrocidades con los pueblos originarios, primero, y con las clases populares y lo que quedaba de esos grupos étnicos, después.
La tragedia de los seris resulta compartida por buena parte de las otras etnias semi nómadas de lo que hoy es el sur de Estados Unidos y el norte mexicano. Tal fue el caso, en el noreste, de quienes formaban parte de la comanchería -un buen ejemplo son los lipanes- y, en el oeste, de los diversos grupos integrantes de la apachería -en especial los chiricahua de quien era dirigente Gerónimo, el último gran líder apache- y por cuyas cabelleras los gobiernos de los estados fronterizos del México independiente llegaron a ofrecer entre 150 y 200, según se tratase de indio vivo, muerto o si era mujer o menor de 14 años (véase al respecto a Carlos González y Ricardo León, Civilizar o exterminar, México, CIESAS, 2000).
Ni qué decir de las guerras contra los yaquis o de la violenta presión para que los rarámuris (tarahumaras) dejaran las planicies en Chihuahua, por ejemplo, ésas de donde hoy se encuentra Ciudad Cuauhtémoc, y se refugiaran en las difíciles montañas en que hoy sobreviven. En el otro extremo del país está la guerra de los mestizos yucatecos y del gobierno federal contra los mayas rebeldes o de los blancos contra los chamulas en Chiapas. Pero hay más socavones: el trabajo de 15 horas diarias en las fábricas textiles del Porfiriato, la persecución de los "vagos y malentretenidos" en los asentamientos urbanos o el despojo de ciertas tierras comunales de los pueblos en detrimento de los campesinos pobres comuneros en el siglo XIX.
El siglo XX revolucionario no está, ni de lejos, exento del mismo problema. La matanza de ciudadanos chinos en La Laguna, los centenares de cristeros fusilados o colgados en los 1920 y 1930, los campesinos explotados en nombre de la industrialización ineficiente y protegida a partir de los 1940, los sindicatos castrados a favor del presidencialismo y del capital. Y la otra cara de la moneda, la dureza contra los inconformes (los mineros de Nueva Rosita, por ejemplo), las expropiaciones de ejidos en beneficio de los especuladores urbanos, hasta desembocar en los grandes monopolios actuales en nombre de la necesidad de preservar a la gran empresa mexicana en el mundo de la globalización.
Colofón
Desde luego que México también está sentado en esfuerzos y sacrificios altruistas. Naturalmente que la nuestra no es la única estructura nacional donde parte de sus cimientos están amasados con una mezcla de insensibilidad ("crímenes son del tiempo, no de España") e inhumanidad -prácticamente todos los países tienen sus equivalentes-, pero el mal de muchos no debe ser un consuelo que impida reconocer las injusticias del cimiento histórico. Conocerlas y admitirlas es requisito para entender a cabalidad las divisiones y disputas actuales y, sobre todo, para proceder a rellenar el terreno minado con un reconocimiento abierto de los errores del pasado y con un cambio efectivo de políticas en el presente. Se dice fácil, pero aún estamos lejos de poder hacerlo.
México y su dualidad histórica
Lorenzo Meyer (Diario Reforma; 7 Jun. 07)
Desde la independencia nuestro país vive la contradicción entre el poder formal y el poder real
Dos estructuras y un sólo poder verdadero
Según Jorge Zepeda Patterson, no hace mucho la pregunta correcta era "¿Qué hacemos [los mexicanos] con Elba Esther Gordillo? [la poderosa líder del SNTE]", pero hoy la interrogante es la contraria y más preocupante: "¿Qué va a hacer Elba Esther con todos nosotros?" (El Universal, 3 de junio). Los que gobiernan desde fuera del gobierno -los poderes fácticos- siempre han existido, pero hoy en México su poder es tal y tan evidente la debilidad de nuestra democracia, que el resultado puede ser la demolición de esta última. Es verdad que la Suprema Corte le acaba de cerrar el camino a las televisoras que el año pasado manipularon al Congreso para imponer su propia ley y perpetuar así sus privilegios duopólicos, pero esa batalla por subordinar a los poderosos al interés colectivo es sólo parte de una guerra que está lejos de haberse ganado.
En el siglo XX fue Rusia el país que ofreció el caso más patente de un Estado con dos estructuras o sistemas de organización del poder y el resultado final fue muy negativo. En efecto, tras la revolución de 1917, el Soviet Supremo, supuestamente electo por sufragio universal, se presentó como la sede de la soberanía rusa. Sin embargo, la realidad fue muy distinta, pues al lado de los soviets surgió otra estructura igualmente nacional pero no democrática, el Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), que terminó por imponerse como la sede del poder real.
Y el problema no es exclusivo de sistemas autoritarios. En 1961, en su mensaje de despedida, el presidente norteamericano Dwight Eisenhower advirtió a sus conciudadanos sobre la existencia de un "complejo industrial-militar" que era capaz de imponer sus prioridades a un gobierno que, en principio aparecía como democrático y fuerte.
Desde su independencia y hasta la fecha México es otro ejemplo de la contradicción y el problema de tener dos estructuras de poder político, una formal y otra real. En realidad, el analista político no podría entender un buen número de decisiones o procesos del último par de siglos, si sólo pone la mirada en el espacio del gobierno formal y no toma en cuenta la existencia de ese otro, cerrado a la observación y a la participación ciudadana -caciques, empresarios, gobiernos extranjeros, medios de difusión, jerarcas eclesiásticos, líderes sindicales, crimen organizado, etcétera- y que suele ser la verdadera fuente de muchas de las decisiones de la autoridad.
El inicio
Un hecho fundamental en el siglo XVI novohispano fue el choque directo entre el gobierno virreinal y los herederos de los conquistadores. Esa colisión desembocó en un castigo ejemplar: la ejecución pública de un grupo de notables y el triunfo definitivo de la autoridad del rey. Lo anterior no significó la desaparición de los "hombres fuertes" de la colonia sino su subordinación. Cuando en el siglo XVIII las reformas borbónicas -la primera gran reforma fiscal- afectaron el patrimonio de las clases altas, éstas apretaron los dientes pero al final desembolsaron lo exigido por la Corona para seguir sus absurdas guerras en Europa.
La Independencia
En 1821 la Nueva España reclamó con éxito su soberanía, pero no logró construir un gobierno efectivo. En su novela histórica y costumbrista Astucia (1865), Luis G. Inclán pinta de manera muy vívida a un México desarticulado, donde los contrabandistas desafían sin problema a la autoridad y donde el personaje central pudo por sí y ante sí transformarse por un tiempo en un (buen) gobernador sin que el poder central se percatara de ello. En ese ambiente de autoridad sin fuerza, divisiones sociales y políticas agudas, economía anémica y falta de comunicaciones, la débil autoridad formal compartía su poder con caciques, militares, grandes propietarios, curas y bandidos.
A mediados del siglo XIX las grandes empresas privadas extranjeras, como Barron, Forbes y Cía., Manning y Marshall o Ewen C. Mackintosh, controlaban no sólo el comercio al mayoreo, el crédito y parte de los procesos productivos, sino que influían y financiaban al gobierno, acuñaban moneda e incluso cobraban impuestos a la vez que defraudaban al fisco exportando plata de contrabando. En suma, se puede concluir que entonces a México lo gobernaba menos Santa Anna y más una red de intereses privados y por eso fue el desastre que fue.
El 'Estado fuerte' que no lo fue tanto
A partir de 1867, con el fin de la intervención extranjera y de la guerra civil, el gobierno formal recuperó poder pero la estructura informal no desapareció. Andrés Molina Enríquez, en su clásico Los grandes problemas nacionales (1906) concluyó que en la cúspide de la pirámide real de poder mexicana no se encontraban el dictador Díaz y los suyos, sino un pequeño pero poderoso grupo de propietarios extranjeros.
Uno de los resultados del triunfo de la Revolución Mexicana fue la creación de un sistema donde el poder real no obedeció al esquema de división de poderes consagrado en la Constitución de 1917, sino en una coalición de militares, caciques y líderes de organizaciones partidistas y de masas, encabezada por el presidente de la República.
Fue con Miguel Alemán (1946-1952) cuando alrededor de la Presidencia se fue tejiendo una red de intereses empresariales -nacionales y extranjeros-, sindicales, caciquiles, partidistas y religiosos que, subordinados en lo sustancial al jefe del gobierno, usaron esa cercanía y favor con la institución central de la política mexicana para acumular poder propio. Pronto, esos favoritos del presidencialismo se convirtieron en parte del proceso real de toma de decisiones políticas (véanse al respecto, entre otros, a Pablo González Casanova, La democracia en México, Frank Brandenburg, The Making of Modern Mexico, o Stephen Niblo, Mexico in the 1940s: modernity, politics, and corruption).
La era neoliberal
Con la gran crisis económica y política de los 1980, en combinación con el fin de la Guerra Fría, el triunfo a nivel mundial de la doctrina de la privatización y la globalización, la posición del Estado autoritario mexicano sufrió un debilitamiento relativo. Parte del poder que entonces perdió el Estado se fue a acumular con el que ya tenían esos actores fuertes, pero externos al sistema formal de gobierno.
Con el paso a la democracia política por vía del triunfo electoral de la derecha en el 2000 y 2006, la dualidad de sistemas de poder se hizo más clara y más importante como fuente de políticas.
El 'otro sistema'
Al declarar inconstitucional la "Ley Televisa", la Suprema Corte abrió una vía para restituir poder al gobierno restándoselo a un poder fáctico. Sin embargo, nada similar se está haciendo para neutralizar el enorme poder acumulado por Elba Esther Gordillo y su sindicato, el SNTE (en cifras, y según el citado Zepeda Patterson, ese poder asciende a 25 mil millones de dólares anuales, lo que en la práctica pone a la maestra en la liga de Carlos Slim y los otros miembros del club de súper ricos mexicanos que aparecen en Forbes). La líder del SNTE ejerce poderes presidenciales al poner a algunos de sus colaboradores en altos puestos del gobierno federal y, además, es el interés creado que impide la gran reforma que México necesita en su educación básica si se busca salir de la mediocridad económica en que ha caído desde hace 25 años. Por si fuera poco, la señora Gordillo es "la dueña" de un pequeño partido político que le permite tener a algunos de sus cuadros en el Poder Legislativo y, para colmo, fue capaz de interferir abiertamente y con éxito en el último proceso electoral federal.
Al ejemplo anterior se pueden añadir otros similares, como las acciones de propaganda política ilegal, pero efectiva e impune del Consejo Coordinador Empresarial en la etapa final de la pasada campaña electoral, la existencia y acción de organizaciones políticas secretas como "El Yunque" -de cuya existencia, finalmente, ya no dudan ni los panistas-, un crimen organizado que es capaz no sólo de retar con violencia al Estado sino de utilizar a las instituciones públicas en su beneficio, como es la policía y las aduanas, según lo acaba de admitir el propio secretario de Hacienda, la actividad política abierta de la Iglesia Católica, etcétera.
En suma, pese al revés jurídico que acaba de sufrir el duopolio televisivo, hay razones para seguir sosteniendo que en México se está fortaleciendo, de nuevo, la histórica dualidad de estructuras de poder, dualidad que es política, legal y moralmente incompatible con la esencia de la democracia.
Desde la independencia nuestro país vive la contradicción entre el poder formal y el poder real
Dos estructuras y un sólo poder verdadero
Según Jorge Zepeda Patterson, no hace mucho la pregunta correcta era "¿Qué hacemos [los mexicanos] con Elba Esther Gordillo? [la poderosa líder del SNTE]", pero hoy la interrogante es la contraria y más preocupante: "¿Qué va a hacer Elba Esther con todos nosotros?" (El Universal, 3 de junio). Los que gobiernan desde fuera del gobierno -los poderes fácticos- siempre han existido, pero hoy en México su poder es tal y tan evidente la debilidad de nuestra democracia, que el resultado puede ser la demolición de esta última. Es verdad que la Suprema Corte le acaba de cerrar el camino a las televisoras que el año pasado manipularon al Congreso para imponer su propia ley y perpetuar así sus privilegios duopólicos, pero esa batalla por subordinar a los poderosos al interés colectivo es sólo parte de una guerra que está lejos de haberse ganado.
En el siglo XX fue Rusia el país que ofreció el caso más patente de un Estado con dos estructuras o sistemas de organización del poder y el resultado final fue muy negativo. En efecto, tras la revolución de 1917, el Soviet Supremo, supuestamente electo por sufragio universal, se presentó como la sede de la soberanía rusa. Sin embargo, la realidad fue muy distinta, pues al lado de los soviets surgió otra estructura igualmente nacional pero no democrática, el Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), que terminó por imponerse como la sede del poder real.
Y el problema no es exclusivo de sistemas autoritarios. En 1961, en su mensaje de despedida, el presidente norteamericano Dwight Eisenhower advirtió a sus conciudadanos sobre la existencia de un "complejo industrial-militar" que era capaz de imponer sus prioridades a un gobierno que, en principio aparecía como democrático y fuerte.
Desde su independencia y hasta la fecha México es otro ejemplo de la contradicción y el problema de tener dos estructuras de poder político, una formal y otra real. En realidad, el analista político no podría entender un buen número de decisiones o procesos del último par de siglos, si sólo pone la mirada en el espacio del gobierno formal y no toma en cuenta la existencia de ese otro, cerrado a la observación y a la participación ciudadana -caciques, empresarios, gobiernos extranjeros, medios de difusión, jerarcas eclesiásticos, líderes sindicales, crimen organizado, etcétera- y que suele ser la verdadera fuente de muchas de las decisiones de la autoridad.
El inicio
Un hecho fundamental en el siglo XVI novohispano fue el choque directo entre el gobierno virreinal y los herederos de los conquistadores. Esa colisión desembocó en un castigo ejemplar: la ejecución pública de un grupo de notables y el triunfo definitivo de la autoridad del rey. Lo anterior no significó la desaparición de los "hombres fuertes" de la colonia sino su subordinación. Cuando en el siglo XVIII las reformas borbónicas -la primera gran reforma fiscal- afectaron el patrimonio de las clases altas, éstas apretaron los dientes pero al final desembolsaron lo exigido por la Corona para seguir sus absurdas guerras en Europa.
La Independencia
En 1821 la Nueva España reclamó con éxito su soberanía, pero no logró construir un gobierno efectivo. En su novela histórica y costumbrista Astucia (1865), Luis G. Inclán pinta de manera muy vívida a un México desarticulado, donde los contrabandistas desafían sin problema a la autoridad y donde el personaje central pudo por sí y ante sí transformarse por un tiempo en un (buen) gobernador sin que el poder central se percatara de ello. En ese ambiente de autoridad sin fuerza, divisiones sociales y políticas agudas, economía anémica y falta de comunicaciones, la débil autoridad formal compartía su poder con caciques, militares, grandes propietarios, curas y bandidos.
A mediados del siglo XIX las grandes empresas privadas extranjeras, como Barron, Forbes y Cía., Manning y Marshall o Ewen C. Mackintosh, controlaban no sólo el comercio al mayoreo, el crédito y parte de los procesos productivos, sino que influían y financiaban al gobierno, acuñaban moneda e incluso cobraban impuestos a la vez que defraudaban al fisco exportando plata de contrabando. En suma, se puede concluir que entonces a México lo gobernaba menos Santa Anna y más una red de intereses privados y por eso fue el desastre que fue.
El 'Estado fuerte' que no lo fue tanto
A partir de 1867, con el fin de la intervención extranjera y de la guerra civil, el gobierno formal recuperó poder pero la estructura informal no desapareció. Andrés Molina Enríquez, en su clásico Los grandes problemas nacionales (1906) concluyó que en la cúspide de la pirámide real de poder mexicana no se encontraban el dictador Díaz y los suyos, sino un pequeño pero poderoso grupo de propietarios extranjeros.
Uno de los resultados del triunfo de la Revolución Mexicana fue la creación de un sistema donde el poder real no obedeció al esquema de división de poderes consagrado en la Constitución de 1917, sino en una coalición de militares, caciques y líderes de organizaciones partidistas y de masas, encabezada por el presidente de la República.
Fue con Miguel Alemán (1946-1952) cuando alrededor de la Presidencia se fue tejiendo una red de intereses empresariales -nacionales y extranjeros-, sindicales, caciquiles, partidistas y religiosos que, subordinados en lo sustancial al jefe del gobierno, usaron esa cercanía y favor con la institución central de la política mexicana para acumular poder propio. Pronto, esos favoritos del presidencialismo se convirtieron en parte del proceso real de toma de decisiones políticas (véanse al respecto, entre otros, a Pablo González Casanova, La democracia en México, Frank Brandenburg, The Making of Modern Mexico, o Stephen Niblo, Mexico in the 1940s: modernity, politics, and corruption).
La era neoliberal
Con la gran crisis económica y política de los 1980, en combinación con el fin de la Guerra Fría, el triunfo a nivel mundial de la doctrina de la privatización y la globalización, la posición del Estado autoritario mexicano sufrió un debilitamiento relativo. Parte del poder que entonces perdió el Estado se fue a acumular con el que ya tenían esos actores fuertes, pero externos al sistema formal de gobierno.
Con el paso a la democracia política por vía del triunfo electoral de la derecha en el 2000 y 2006, la dualidad de sistemas de poder se hizo más clara y más importante como fuente de políticas.
El 'otro sistema'
Al declarar inconstitucional la "Ley Televisa", la Suprema Corte abrió una vía para restituir poder al gobierno restándoselo a un poder fáctico. Sin embargo, nada similar se está haciendo para neutralizar el enorme poder acumulado por Elba Esther Gordillo y su sindicato, el SNTE (en cifras, y según el citado Zepeda Patterson, ese poder asciende a 25 mil millones de dólares anuales, lo que en la práctica pone a la maestra en la liga de Carlos Slim y los otros miembros del club de súper ricos mexicanos que aparecen en Forbes). La líder del SNTE ejerce poderes presidenciales al poner a algunos de sus colaboradores en altos puestos del gobierno federal y, además, es el interés creado que impide la gran reforma que México necesita en su educación básica si se busca salir de la mediocridad económica en que ha caído desde hace 25 años. Por si fuera poco, la señora Gordillo es "la dueña" de un pequeño partido político que le permite tener a algunos de sus cuadros en el Poder Legislativo y, para colmo, fue capaz de interferir abiertamente y con éxito en el último proceso electoral federal.
Al ejemplo anterior se pueden añadir otros similares, como las acciones de propaganda política ilegal, pero efectiva e impune del Consejo Coordinador Empresarial en la etapa final de la pasada campaña electoral, la existencia y acción de organizaciones políticas secretas como "El Yunque" -de cuya existencia, finalmente, ya no dudan ni los panistas-, un crimen organizado que es capaz no sólo de retar con violencia al Estado sino de utilizar a las instituciones públicas en su beneficio, como es la policía y las aduanas, según lo acaba de admitir el propio secretario de Hacienda, la actividad política abierta de la Iglesia Católica, etcétera.
En suma, pese al revés jurídico que acaba de sufrir el duopolio televisivo, hay razones para seguir sosteniendo que en México se está fortaleciendo, de nuevo, la histórica dualidad de estructuras de poder, dualidad que es política, legal y moralmente incompatible con la esencia de la democracia.
jueves, 10 de enero de 2008
La vigencia de los Derechos Indígenas en Yucatán
La presente investigación encuentra sustento en uno de los problemas de México desde su concepción de Estado-Nación; es decir, la integración de los indígenas y la conformación de un estado heterogéneo, donde el derecho a la igualdad se basa en el respeto de las diferencias.Para tal efecto, se realiza una recopilación del material bibliográfico, eligiendo autores que tratan la situación y problemática del indígena desde la perspectiva de sus derechos fundamentales, así como aquellos que narran sucesos históricos y de actualidad donde no solo se observa su forma de vida y la trascendencia para el país, sino violaciones y atropellos, igualmente sus intentos por alcanzar el objetivo no sólo de ser escuchados, sino entendidos.
En paralelo, se presenta en orden cronológico el tratamiento legislativo a nivel federal y local, con lo cual se ha pretendido proteger a los indígenas, con especial énfasis a los que habitan el territorio de Yucatán, lo cual marca nuestra delimitación territorial del tema y señalamos, como “la actualidad”, el espacio temporal. Considerando el presente trabajo un breve bosquejo en la vigencia de los derechos indígenas, estamos en posibilidad de conocer y visualizar la situación actual, los alcances, retos jurídicos, sociales y económicos que devienen, pues sin duda el Estado es protagonista en el diseño y la construcción del país, y debe ser aspiración nuestra, que dentro del mismo, los derechos humanos sean el marco por el cual encuentre cauce la justicia social.
En cuanto a las fuentes, en los libros revisados se dio primacía a los que tratan sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas, donde se encontraron: Los problemas del derecho indígena en México (México, 2003) de José Ramón Cossío Díaz editada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En su contenido se observa un tratamiento del tema desde el aspecto político, con la variable de que pretende solucionar cualquier dilema desde el aspecto jurídico, siguiendo la premisa por él establecida: “el derecho moderno encuentra en la pluralidad de sistemas normativos uno de los principales retos”.
Resulta interesante, como este autor logra amalgamar los acontecimientos sociales y volverlos norma, derivada precisamente de los convenios y pactos de movimientos sociales: el conflicto de Chiapas de 1994, la Ley para el Diálogo, la Negociación y la paz digna en Chiapas, así como otros documentos acordados entre los propios indígenas y la Comisión para la Concordia y Pacificación de Chiapas (COCOPA). Un aspecto muy importante es que centra las bases bajo las cuales deberá establecerse la relación Estado-comunidades indígenas, donde se encuentran los criterios de pluralidad, sustentabilidad, integralidad, participación y libre determinación; obligando a que la formulación de cualquier ley o política pública sea realizada previa consulta del grupo que tratamos.
Por último, incluye un análisis de la reforma constitucional en materia indígena, señalando las lagunas y deficiencias en la regulación de conceptos, criticando que debido a la concepción abstracta de los mismos, dificulta su aplicación, y con un apartado especial sobre el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, deja en entredicho el compromiso del Estado, toda vez que aunque por sí mismos carecen de fuerza jurisdiccional, su contenido debe ser valorado como parte del proceso de hacer vigente las expectativas y derechos de los indígenas a nivel nacional.
Sin embargo, su enfoque es en relación a las reformas federales, siendo que debe realizarse un estudio comparado a fin de aplicar a la normatividad del Estado. Este libro permite una realidad de antecedentes inmediatos de nuestra historia de México en relación con los indígenas, y cómo a partir de ahí empezó a vislumbrarse el futuro jurídico de la salvaguarda de los derechos indígenas.
En este mismo contexto, se revisó el libro denominado “Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas”, (México, 2000) de Rodolfo Stavenhaguen, bajo la edición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en donde se describen los derechos humanos de los pueblos indígenas relativos a los derechos culturales individuales y colectivos, y el “derecho a la cultura propia”, identidad cultural, libre determinación, entre otros. Igualmente trata de los mecanismos de protección a nivel internacional donde sobresale la Organización de las Naciones Unidas y la subcomisión encargada de asuntos indígenas. Dentro del mismo contexto se realiza un recuento de los pactos y convenios ratificados por México, donde sobresalen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Convenio 169 de la OIT, Convención sobre el Genocidio, y Convención Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José Costa Rica), mismos que al ser ratificados por México, son derecho positivo vigente.
Destaca en este libro, el esclarecimiento que existe entre el dilema del relativismo cultural, el derecho a la igualdad y la universalidad de los derechos humanos, estableciendo que en realidad no existe disputa alguna, por lo contrario, “de no reconocerse los problemas particulares relacionados con este grupo, se trata simplemente de una abstracción sin sentido”, y actualiza el tema indígena estableciendo la importancia que ha adquirido para afianzar conceptos como: “nacionalismo” y “ciudadanía”.
No es posible dejar de revisar el “Diagnóstico de los Derechos Humanos para México” (México, 2003), preparada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para México, donde considera un apartado especial denominado “acerca de los derechos humanos de los pueblos indígenas”, presentando una serie de propuestas y recomendaciones de carácter normativo y acciones que deberán derivar en políticas públicas con base en un análisis cuantitativo y cualitativo de los indígenas y su entorno.
Este libro, brinda el enfoque pragmático del análisis de la situación del indígena en México en relación con el respeto a sus derechos fundamentales, y el panorama general requerido para su comprensión; es igualmente cierto que no es del todo favorable pero reconocer nuestras limitaciones como país, permite medir el campo y tener un avance seguro al desarrollo. Sin duda, este libro presenta una investigación completa y en estricto rigurosa realizada por la Organización de las Naciones Unidas.
Ahora bien, en la segunda parte del presente ensayo nos avocaremos a revisar el proceso de materialización de los derechos indígenas en la normatividad, con especial referencia al ámbito local.
Con la publicación de la reforma del artículo 2º Constitucional el día 14 de agosto del año 2007 en el Diario Oficial de la Federación, inició a nivel nacional un cambio en la estructura formal constitutiva del Estado que contempla los derechos de los indígenas en dicha reforma. La multiculturalidad y la diversidad étnica toman un papel relevante, al ser considerados un factor de enriquecimiento cultural que empieza a ser valorado.
Dentro de los principales reformas sobresalen: la libre autodeterminación de los pueblos, autonomía, integridad cultural, respeto a los derechos culturales y colectivos: salud, educación, empleo, y vivienda, participación en materias como: salud, educación, desarrollo, medio ambiente y territorio, respeto a su organización política, al derecho consuetudinario, organización jurisdiccional, derechos territoriales: tierras y recursos naturales, no ser discriminado en el trabajo en los servicios de salud, modos de formación y producción, medicina tradicional y a la educación bilingüe e intercultural, mismos que se desdoblan en el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, tratan asuntos como la migración, acceso a medios de comunicación, participación ciudadana, salud, educación, rendición de cuentas, planeación y desarrollo económico y tener una partida presupuestaria específica en la que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia; sobre todo, respeta la soberanía de las entidades federativas al determinar que cada legislatura y los propios ayuntamientos las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.
Un punto de desajuste, fue en transitorio del citado decreto, pues al ordenar que las legislaturas de los estados realizaran las adecuaciones a su propia constitución y legislación local, lo cual resultaba sin duda necesario para su vigencia real, no precisó de modo alguno, un tiempo para su cumplimiento, por lo cual cada legislatura cumplió en diferentes tiempos, en específico en Yucatán se dio cumplimiento hasta el año de 2007.
Un estudio detallado del proceso de formulación de las reformas a nivel estatal, nos da como resultado lo siguiente: En principio, la publicación en el Diario Oficial del Estado de la reforma de la Constitución Política del Estado, fue publicada el 11 de abril de 2007, con sustento normativo en las disposiciones consagradas en los artículos 1º, 2º, 27 fracción VII y 115 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en instrumentos internacionales como son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, el Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, entre otros.
Pese al tiempo transcurrido para el cumplimiento de la reforma constitucional federal, en la local se contemplaron todos los aspectos de protección y reconocimiento de derechos de los indígenas, que ya se enlistaban en la Constitución Federal, incluyendo los caracteres específicos que atienden a nuestra sociedad maya-yucateca.
Ahora bien, debido a que una de las características de todo derecho es su coercitividad, lo cual permite dar vigencia real como mecanismos, se proyectaron como mecanismos de protección: la creación de un organismo público que defina, ejecute y evalúe las políticas de atención al pueblo maya, dentro del plazo de seis meses de haber entrado en vigor; es decir, con fecha de vencimiento el 12 de octubre de 2007.
Bajo decreto número 782 publicada en el Diario Oficial del Estado el día 05 de julio de 2007, emitido por el Poder Ejecutivo del Estado, se dio cumplimiento a lo dispuesto en el transitorio antes mencionado; sin embargo, los análisis y las observaciones emitidas en diversos foros, se han enfocado en algún sentido, por el uso de terminología ambigua como “discriminación por preferencias”, en el entendido que “preferencias”, se encuentra sin especificar el tipo, lo cual podría no ser demasiado trascendente, como si lo es, el que un instituto de protección a los indígenas, se haya creado precisamente sin la participación de aquéllos, con total incumplimiento en lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT y mediante decreto del Ejecutivo quien únicamente tiene facultad reglamentaria.
Otro mecanismo de creación es la ley secundaria, cuya vigencia para el cumplimiento finaliza el 12 de abril de 2007, en el cual se espera concreticen los derechos del pueblo maya yucateco, tomando en cuenta la experiencia comparativa a nivel nacional, previa evaluación de los resultados obtenidos, y sin olvidar la necesaria obligatoria consulta de quienes será aplicada: Los indígenas de Yucatán.
Asimismo, deberá tomar documentos de carácter internacional de reciente aprobación de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en septiembre de 2007, la cual reconoce derechos fundamentales que no cubría el convenio 169 de la OIT, como es la libre determinación y la autonomía, el consentimiento previo, libre e informado en lugar de la mera consulta, los derechos territoriales, y los de propiedad intelectual, mismo que a pesar de no tener carácter vinculatorio, debe servir de parámetro para la máxima protección de los derechos que tratamos.
No hay duda, que el reconocimiento de los derechos humanos de los indígenas en el Estado, representa un avance en la determinación catálogo del derecho en el Estado. De esta manera, se ajustan nuestros esquemas de derecho a las disposiciones relativas a la Constitución Política del Estado de Yucatán; sin embargo, el elemento humano siempre sera fundamental para hacerlo realidad; es decir, el verdadero cambio radica en un cambio de mentalidad, donde se eliminen todas las formas de discriminación existentes, y por el contrario subsista la tolerancia y la búsqueda de la paz.
BIBLIOGRAFÍA
COSSÍO DÍAZ, José Ramón, “Los problemas del derecho indígena en México”, CNDH, México, 2003.
STAVENHAGUEN, Rodolfo, “Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas”, CNDH, México, 2000.
“Diagnóstico de los Derechos Humanos para México”, preparada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para México, México, 2003.
Montemayor, Carlos. Los Pueblos Indios de México Hoy. México 2001.Montemayor, Carlos. Los Pueblos Indios de México Hoy. México 2001.
Instituto Nacional Indigenista. El estado del desarrollo económico y social de los Pueblos Indígenas de México, 1996-1997. México, 2000Instituto Nacional Indigenista. El estado del desarrollo económico y social de los Pueblos Indígenas de México, 1996-1997. México, 2000.
AZNAR, Luis, "Las etapas iniciales de la legislación sobre indios", CUADERNOS AMERICANOS, México, 1948, núm. 5.
KROTZ, Esteban, Desarrollo indígena: pobreza, democracia y sustentabilidad (con Diego Iturralde). Ed. Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (Serie Documentos, 12), La Paz (Bolivia), 1996, 131 pp. [Indigenous Development: Poverty, Democracy and Sustainability. International Seminar on Indigenous Development (Santa Cruz, Bolivia, 1995). Ed. Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, 1996].
- Antropología jurídica: perspectivas socioculturales en el estudio del derecho. Ed. Anthropos / Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, Barcelona / México 2002.
Documentos relacionados:
MÈXICO. INICIATIVA PRESIDENCIAL DE REFORMAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE DERECHOS Y CULTURA INDÍGENA. Presentada al pleno de la Cámara de Senadores el 15 de marzo de 1998.
Decreto número 755 publicado en el Diario Oficial del Estado de fecha 11 de abril de 2007
lunes, 7 de enero de 2008
Las clases y sus luchas de Norte a Sur
La historia de los pueblos oscila entre momentos de estancamiento, avances y retrocesos, lo cual de conformidad con la teoría sostenida en el artículo denominado “Las clases y sus luchas de Norte a Sur”,[1] ha dependido de la voluntad política de quienes ostentan el poder.
Es posible establecer una comparación entre dos países vecinos: México y Estados Unidos, que a pesar de las diferencias en desarrollo económico e industrial, la historia y la situación actual los hacen coincidentes en su tendencia a la desigualdad.
Dentro de las semejanzas se cita el ejemplo de la “Gran Depresión” en el período de Franklin D. Roosevelt, quien logró el control sobre la producción y los salarios, y por consiguiente una mejor distribución de la riqueza. La consecuencia: Una clase dominante.
Paralelamente, en México llegó al poder Lázaro Cárdenas, recogiendo la propuesta revolucionaria y sin tanta influencia del exterior logró una reforma agraria, los sindicatos y la expropiación petrolera, lo que podríamos considerar momentos de progreso para las mayorías.
En Estados Unidos, llegaron al poder Dwight Eisenhower y Richard Nixon que continuaron con esta política, pero en 1981 retornó la plutocracia con Ronald Reagan.
En México, también cambiaron las cosas a partir de Miguel Alemán y Miguel de la Madrid, lo cual permitió el ascenso de la derecha neoliberal norteamericana que se caracteriza por la lógica impersonal del mercado. En ese momento, comenzó a decaer el PRI como partido del gobierno que, mientras realizaba obras populistas, se afianzaba en el poder la ultraderecha que lo desprestigiaba.
Es de todos conocido, que en el año 2000 se suscitó el cambio que con “sugerencia” de democracia, permitió al Partido de Acción Nacional ocupar el gobierno, con una tendencia también de ultraderecha.
En estos cambios políticos se ha utilizado como estrategia “el miedo”. De nueva cuenta se observa en el país norteamericano que la creencia que posibilitara la llegada al poder de un demócrata, los haría perder sus privilegios y que los gobernarían los descendientes de los antiguos esclavos.
En nuestras elecciones de 2006, se impuso el actual gobierno a la presidencia mediante la misma estrategia, usando la mercadotecnia para vender la idea que de ganar el partido contrario al gobernante se adoptaría un gobierno como el de Chávez en Venezuela, o de Fidel Castro en Cuba.
Es entonces que a pesar de que ambos países tienen una tendencia a la desigualdad social, Krugman confia en que Estados Unidos, siendo un país con mayor conciencia política y que debido a los fracasos del gobierno actual, en 2008 verá un cambio radical favorable; por el contrario en México, la tendencia es la permanencia en el poder de grupos de ultraderecha que desconocen la forma de hacer frente a la problemática que representa la globalización y el libre comercio, pero sobre todo desconocen la manera de trabajar para romper con la desigualdad y la injusticia.
Aunado a lo anterior, considero que no existe verdadera voluntad política o si ésta existiere falta aún la capacidad intelectual de vislumbrar un futuro incluyente en el cual la aspiración del bienestar social sea el objetivo en común.
Hissarlik Atenea González Cetz
[1]MEYER, Lorenzo, Diario Reforma. 8 de noviembre de 2007.
Es posible establecer una comparación entre dos países vecinos: México y Estados Unidos, que a pesar de las diferencias en desarrollo económico e industrial, la historia y la situación actual los hacen coincidentes en su tendencia a la desigualdad.
Dentro de las semejanzas se cita el ejemplo de la “Gran Depresión” en el período de Franklin D. Roosevelt, quien logró el control sobre la producción y los salarios, y por consiguiente una mejor distribución de la riqueza. La consecuencia: Una clase dominante.
Paralelamente, en México llegó al poder Lázaro Cárdenas, recogiendo la propuesta revolucionaria y sin tanta influencia del exterior logró una reforma agraria, los sindicatos y la expropiación petrolera, lo que podríamos considerar momentos de progreso para las mayorías.
En Estados Unidos, llegaron al poder Dwight Eisenhower y Richard Nixon que continuaron con esta política, pero en 1981 retornó la plutocracia con Ronald Reagan.
En México, también cambiaron las cosas a partir de Miguel Alemán y Miguel de la Madrid, lo cual permitió el ascenso de la derecha neoliberal norteamericana que se caracteriza por la lógica impersonal del mercado. En ese momento, comenzó a decaer el PRI como partido del gobierno que, mientras realizaba obras populistas, se afianzaba en el poder la ultraderecha que lo desprestigiaba.
Es de todos conocido, que en el año 2000 se suscitó el cambio que con “sugerencia” de democracia, permitió al Partido de Acción Nacional ocupar el gobierno, con una tendencia también de ultraderecha.
En estos cambios políticos se ha utilizado como estrategia “el miedo”. De nueva cuenta se observa en el país norteamericano que la creencia que posibilitara la llegada al poder de un demócrata, los haría perder sus privilegios y que los gobernarían los descendientes de los antiguos esclavos.
En nuestras elecciones de 2006, se impuso el actual gobierno a la presidencia mediante la misma estrategia, usando la mercadotecnia para vender la idea que de ganar el partido contrario al gobernante se adoptaría un gobierno como el de Chávez en Venezuela, o de Fidel Castro en Cuba.
Es entonces que a pesar de que ambos países tienen una tendencia a la desigualdad social, Krugman confia en que Estados Unidos, siendo un país con mayor conciencia política y que debido a los fracasos del gobierno actual, en 2008 verá un cambio radical favorable; por el contrario en México, la tendencia es la permanencia en el poder de grupos de ultraderecha que desconocen la forma de hacer frente a la problemática que representa la globalización y el libre comercio, pero sobre todo desconocen la manera de trabajar para romper con la desigualdad y la injusticia.
Aunado a lo anterior, considero que no existe verdadera voluntad política o si ésta existiere falta aún la capacidad intelectual de vislumbrar un futuro incluyente en el cual la aspiración del bienestar social sea el objetivo en común.
Hissarlik Atenea González Cetz
[1]MEYER, Lorenzo, Diario Reforma. 8 de noviembre de 2007.
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